Los discursos parlamentarios de Práxedes Mateo-Sagasta

El Sr. Ministro de la GOBERNACIÓN (Sagasta): Yo llamo la atención del Sr. Serraclara sobre un hecho singular. Hay anunciada una interpelación de los bancos de afrente por una resolución de la Diputación provincial de Alicante que suspendió el gobernador de dicha provincia a consecuencia de haberse cometido grandes atentados y de haberse faltado a las leyes.

Pues bien, suspende el gobernador el acuerdo de la Diputación, remite el expediente al Gobierno, éste lo pasa al Consejo de Estado y el Consejo de Estado da la razón al gobernador.

Llamo la atención sobre esto de los señores de enfrente, porque según el Sr. Serraclara no hay autoridad ni en el Gobierno, ni en el Consejo de Estado, ni en nadie para suspender un acuerdo tomado por una Diputación.

Pero dice el Sr. Serraclara: es que aquí no hay acuerdo porque no lo tomó la Diputación por mayoría con arreglo a la ley.

Señores, la Diputación provincial de Málaga consta de quince individuos, y de éstos, ocho acudieron a tomar ese acuerdo; por consiguiente, ocho es mayoría de quince. Esto es de sentido común. Por consiguiente, ha habido acuerdo, y habiendo acuerdo, el Gobierno no tiene más camino para anularlo, que el que marca la ley, que es mandar el expediente al Consejo de Estado, si es que ese acuerdo ha sido suspendido por el gobernador bajo su responsabilidad.

Pero aquí no ha habido esa suspensión, sino que el gobernador se ha conformado con el acuerdo tomado; y que ha habido acuerdo es evidente, porque descartándonos de toda anfibología, no tenemos que atender más que a si ha habido mayoría; y mayoría existe en el momento que de quince individuos concurren ocho. Claro es, pues, que ese acuerdo es válido legalmente, sin entrar por eso a examinar si la Diputación debió aprobar o desaprobar las elecciones de Antequera.

Me pregunta ahora el Sr. Serraclara; ¿pero se conforma el Gobierno con que las Cortes Constituyentes acuerden [3437] que aquellas elecciones son nulas? Pues yo le respondo a S.S., que ese acuerdo no lo pueden tomar las Cortes Constituyentes; y que lo que las Cortes Constituyentes pueden hacer es rectificar la ley en esta parte, aunque creo que no hay necesidad de tal rectificación; y si no ya veremos cuando venga el proyecto si lo modifican, y quieren quitar al Gobierno la facultad de anular o suspender esos acuerdos, siquiera sean nulos o ilegales, como asegura S.S. que lo es en esta ocasión.

Yo le digo al Sr. Serraclara que las Cortes Constituyentes pueden rectificar, pueden modificar la ley, puede llenar ese vacío que en esto momento encuentran; pero no pueden de manera alguna anular una cosa que se ha hecho legalmente.

Yo creo, por consiguiente, que la cosa no tiene remedio; que no hay más remedio que procurar que las nuevas elecciones sean una verdad; que se haga estrictamente dentro de la ley, y que ni uno ni otro partido tenga en ellas la menor preponderancia ni cometa el más pequeño abuso. Pero tenga en cuenta S. S. la mala posición en que coloca a su compañero de Alicante, que me tiene anunciada una interpelación acerca del abuso cometido por haber anulado aquella Diputación provincial una elección que el gobernador aprobó, porque de aceptarse la teoría del Sr. Serraclara, la interpelación de ese Sr. Diputado no solo está fuera de la ley, sino que también lo está del sentido común.

Es necesario que S. SS. tomen las cosas como buena y favorables cuando buenas y favorables, sean; pero que las tomen como adversas cuando sean adversas; qua baje la cabeza a la adversidad como al favor, y no quieran sus señorías medir las cosas con distinto rasero, diciendo: " esto no me favorece a mí, esto no favorece a mis amigos de Antequera; pues hagamos que el Gobierno, o si no el Gobierno las Cortes, anulen el acuerdo; y cuando suceda lo contrario, cuando la aprobación de las elecciones favorezca a mis amigos, pidamos que se apruebe, a pesar de la Injusticia con que se haya tomado el acuerdo, y a pesar de no haberse seguido el camino que la ley marca. "

Esto no puede ser: hemos de seguir una jurisprudencia para todos los casos; y como el Gobierno se propone ser fiel guardador de esta ley, séale adversa o favorable, exige que la minoría republicana la guarde, séalo también favorable o adversa.